La noticia la adelanta Agência Lusa, revelando que el Gobierno de António Costa acaba de aprobar, en el Consejo de Ministros de este jueves, un aumento de los parámetros que rigen la aplicación de las clases 1 y 2, es decir, los valores de pago. en peajes.
Según información difundida por el Ejecutivo, la altura máxima del capó, medida verticalmente al eje delantero, a efectos de pago de la Clase 1, pasa de la actual 1,10 ma 1,30 m.
Al mismo tiempo, el peso máximo permitido (peso bruto) para pagar la cantidad más baja en las carreteras nacionales es ahora de 2300 kg inclusive, independientemente del número de asientos.
Sin embargo, para que se aplique el valor más bajo, también es necesario que los vehículos cumplan con la “norma medioambiental EURO 6 para emisiones de vehículos”.
Decreto ley aprobado por el Consejo de MinistrosEl diploma adapta el marco normativo nacional a la legislación europea en materia de seguridad vial y sostenibilidad medioambiental del transporte, favoreciendo la coherencia en el trato que se da a los usuarios de las autopistas ”.
La decisión cumple con los deseos de la industria.
Cabe recordar que la modificación del estatuto que ajusta las clases de vehículos 1 y 2, con el fin de aplicar tarifas de peaje por kilómetro de autopista, era una demanda que venían manifestando desde hace tiempo los fabricantes e importadores de automóviles que operan en el mercado portugués.
Entre las voces más escuchadas estuvo la del francés PSA, propietario de las marcas Citroën, Peugeot, DS y Opel, con fábrica en Mangualde. Un lugar donde, de hecho, recientemente realizó una importante inversión, para poder fabricar los nuevos vehículos comerciales ligeros y MPV, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Peugeot Rifter y Opel Combo.
Sin embargo, dado que los vehículos, que son ramales de la misma base con el nombre en clave K9, tienen más de 1,10 m de altura en la zona del eje delantero, corren el riesgo de pagar peajes de Clase 2. Lo que, advirtieron entonces varios agentes de la empresa, acabaría provocando una fuerte caída de las ventas previstas, poniendo en entredicho la viabilidad de la fábrica, con una posible deslocalización de la producción a España. Y el descenso natural del número de puestos de trabajo en Mangualde.
Con la decisión que ha tomado ahora el Gobierno portugués, no solo se salvaguarda una de las demandas del sector, sino también estos puestos de trabajo desde el principio.