El martes pasado, el Parlamento Europeo presentó un proyecto de ley más estricto en cuanto a la aprobación de las emisiones de los vehículos nuevos a la venta en la Unión Europea. La propuesta tiene como objetivo abordar los conflictos de intereses entre las autoridades reguladoras nacionales y los fabricantes de automóviles. La intención es evitar futuras discrepancias en la medición de emisiones.
El proyecto de ley recibió el voto favorable de 585 diputados, 77 en contra y 19 abstenciones. Ahora, se finalizará en negociaciones que involucrarán a los reguladores, la Comisión Europea, los estados miembros y los constructores.
¿De qué se trata?
La propuesta aprobada por el Parlamento Europeo propone que los fabricantes de automóviles dejen de pagar directamente a los centros de pruebas para certificar los consumos y emisiones de sus vehículos. Este costo puede ser asumido por los estados miembros, rompiendo así las estrechas relaciones entre los constructores y los centros de prueba. No se excluye que este costo sea asumido por los constructores a través de tarifas.
Si se detecta un fraude, los organismos reguladores tendrán la capacidad de multar a los constructores. Los ingresos de estas multas podrían utilizarse para compensar a los propietarios de automóviles, aumentar las medidas de protección ambiental y reforzar las medidas de vigilancia. Los valores comentados suponen hasta 30.000 euros por vehículo fraudulento vendido.
Por el lado de los Estados miembros, deberán probar a nivel nacional al menos el 20% de los vehículos comercializados cada año. La UE también podría tener la facultad de realizar pruebas aleatorias y, si es necesario, imponer multas. Los países, por otro lado, podrán revisar los resultados y las decisiones de los demás.
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Además de estas medidas, también se tomaron medidas con el fin de mejorar la calidad del aire y adoptar pruebas de emisiones más cercanas a la realidad.Algunas ciudades como París o Madrid ya han anunciado planes para aumentar las restricciones al tráfico de automóviles en sus centros, especialmente a los automóviles con motor diésel.
A finales de este año, también se implementarán nuevas pruebas de homologación, la WLTP (World Harmonized Test for Light Vehicles) y la RDE (Real Emissions in Driving), que deberían arrojar resultados más realistas entre los consumos y emisiones oficiales y los que se pueden alcanzar por conductores a diario.
Expectativas y oportunidad perdida.
Debido a que no tiene vínculo legal, mucho de lo que está presente en este proyecto de ley puede cambiar después de las negociaciones.
Las asociaciones medioambientales se quejan de que no se siguió una de las principales recomendaciones de un informe del propio Parlamento Europeo. Este informe sugirió la creación de un organismo de vigilancia del mercado independiente, similar a la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.).
El cerco se aprieta cada vez más para los motores diésel. Entre estándares más exigentes y futuras restricciones de tráfico, los diesel tendrán que encontrar sus sucesores en soluciones semihíbridas de gasolina. Un escenario que debería vislumbrarse, sobre todo, en el inicio de la próxima década, principalmente en los segmentos inferiores.